New York Times c. Sullivan

Marzo 9 de 1964 (*). 
Voto del juez Brennan
"Se nos requiere en este caso que determinemos, por primera vez, en qué medida la protección constitucional de la expresión y la prensa limitan el poder de un Estado para estipular el pago de daños en una acción por injurias, iniciada por un funcionario público contra los críticos de su conducta oficial. L. D. Sullivan es uno de los tres comisarios electos de la ciudad de Montgomery, Alabama. Ha testificado que él era comisario de Asuntos Públicos y sus tareas eran la supervisión del Departamento de Policía, Departamento de Bomberos, departamento de Cementerios y Departamento de Pesas y Medidas". Ha iniciado una acción civil por injurias contra cuatro individuos negros, clérigos del estado de Alabama, y contra "The New York Times Company", una sociedad del Estado de New York que publica el diario "The New York Times". Un jurado del tribunal de primera instancia del condado de Montgomery le otorgó una indemnización por daños por la suma de u$s 500.000, el total de la suma reclamada, contra los antedichos demandados, y la Suprema Corte de Alabama confirmó tal sentencia.
El apelado alega que fue injuriado por expresiones vertidas en un aviso publicado a toda página por "The New York Times" el 29 de marzo de 1960. El aviso, titulado "Atended a las voces que se alzan", comenzaba diciendo que "como todo el mundo sabe hoy, miles de estudiantes negros sureños participan en multitudinarias demostraciones pacíficas en afirmación de su derecho a vivir dignamente como lo garantizan la Constitución y el Bill of Rights de los Estados Unidos". Continúa diciendo que "en un esfuerzo por asegurar estas garantías se han encontrado con una ola de terror sin precedentes, creada por aquellos que niegan tal documento [la Constitución] al que todo el mundo mira como modelo de la libertad moderna". Párrafos posteriores tienen por objeto ilustrar tal ola de terror, describiendo algunos acontecimientos supuestamente acaecidos. El aviso concluye con un pedido de fondos para tres propósitos: sostener el movimiento estudiantil, la lucha por el derecho al voto, y la defensa legal del doctor Martin Luther King jr., líder del movimiento, contra una acusación por falso testimonio que entonces se hallaba pendiente en Montgomery.
A continuación del texto se encuentran los nombres de sesenta y cuatro personas ampliamente conocidas por sus actividades políticas, religiosas, sindicales y artísticas...
De los diez párrafos del texto de la solicitada, el tercero y parte del sexto son la base del reclamo por injurias. Esos párrafos dicen lo siguiente:
Tercer párrafo: "En Montgomery, Alabama, luego de que los estudiantes cantaran "My country, Tis of Thee" [un himno patriótico] en las escalinatas de la Legislatura estatal, sus líderes fueron expulsados de la Universidad, y camiones con policías armados con escopetas y gas lacrimógeno circundaron el campusde la Universidad estatal de Alabama. Cuando todo el cuerpo estudiantil se negó a inscribirse [para el nuevo ciclo lectivo], en protesta contra las autoridades estatales, el salón comedor fue cerrado con candado, en un intento de vencerlos por medio del hambre".
Sexto párrafo: "Una y otra vez los violadores sureños han respondido a las pacíficas protestas del doctor King con la intimidación y la violencia. Han colocado bombas en su casa, y casi mataron a su mujer e hijo. Han atacado su persona y lo han arrestado en siete oportunidades — por velocidad excesiva, vagancia y delitos semejantes— . Ahora lo acusan de falso testimonio — un delito en virtud del cual podrían ponerlo en prisión por diez años— ..."
[Si bien el actor no ha sido mencionado por su nombre, él alega que tales expresiones importan atribuirle una mala conducta como comisario de Montgomery a cargo de la supervisión del Departamento de Policía.]
No se ha controvertido que algunas de las expresiones contenidas en los apartados no son descripciones exactas de los hechos que ocurrieron en Montgomery. Si bien hubo una demostración de estudiantes negros en las escalinatas de la Legislatura estatal, cantaron el Himno Nacional y no "My country, Tis of Thee". Es cierto que nueve estudiantes fueron expulsados por el Consejo de Educación del Estado, pero no lo fueron por liderar la demostración ante la Legislatura, sino por requerir que se les sirviera el almuerzo en el comedor de los tribunales del condado de Montgomery, en otra fecha. Tampoco fue la totalidad del estudiantado, sino una gran mayoría de éste la que protestó por la expulsión, y no lo hicieron negándose a inscribirse, sino boicoteando las clases durante un día; virtualmente todos los estudiantes se inscribieron para el semestre siguiente. El comedor del campus no fue cerrado con candados en ninguna ocasión, y los únicos estudiantes a los que se les pudo haber negado el derecho a servirse fue a los pocos que no habían firmado su solicitud de inscripción, ni requerido cupones de almuerzo temporarios. Si bien la policía se desplegó cerca del campus en gran número, en tres ocasiones, en ningún momento lo circundaron, ni tampoco fue llamada en conexión con la demostración en las escalinatas de la Legislatura como pareciera surgir del tercer párrafo. El doctor King no fue arrestado en siete oportunidades sino sólo en cuatro; y si bien alega haber sido golpeado algunos años antes en conexión con su arresto por "vagancia" a la salida de los tribunales, uno de los oficiales que efectuó el arresto niega que hubiere existido tal ataque.
Partiendo del supuesto de que los cargos del sexto párrafo pudieran referirse a su persona, al señor Sullivan se le dio la oportunidad de probar que él no había participado en los eventos descriptos. La casa del doctor King fue, en efecto, objeto de atentados con bombas en dos oportunidades, cuando su esposa e hijos se hallaban dentro; sin embargo ambos hechos ocurrieron con anterioridad al nombramiento del señor Sullivan como comisario y la policía no sólo no estuvo implicada en los atentados sino que hizo todos los esfuerzos posibles para aprehender a los responsables. Tres de los cuatro arrestos del doctor King tuvieron lugar antes de que el apelado fuera designado comisario. Si bien el doctor King fue, en efecto, acusado y luego absuelto en dos casos de falso testimonio, cada uno de los cuales le podría haber acarreado una sentencia de hasta cinco años, Sullivan no tuvo ninguna relación con dicha acusación...
El juez de primera instancia a cargo del caso instruyó al jurado que las expresiones vertidas en el aviso eran injuriosas per se, y no se hallaban privilegiadas, de forma que los acusados podrían ser encontrados responsables si el jurado encontraba que se había publicado la solicitada y que las expresiones habían sido hechas "sobre y en referencia al" señor Sullivan... Bajo la ley de Alabama, tal como fue aplicada en este caso... una vez que la injuriosidad per se ha sido establecida, el acusado no tiene otra defensa más que convencer al jurado de que las expresiones eran ciertas en todos sus términos [citas omitidas]. Aunque [bajo la ley de Alabama] existe un derecho a "opinar", éste depende de que los hechos que implícitamente sostiene el comentario como base para sus conclusiones sean verdaderos.
La enmienda I, dice el juez Learned Hand, presupone que es más factible que se arribe a conclusiones ciertas partiendo de una multitud de opiniones, que en virtud de una selección autoritaria. Para muchos, esto es y será siempre una locura. Pero lo hemos hecho nuestro. "United States v. Associated Press", 52 F, Supp. 362, 372 (SDNY 1943)... Consideramos entonces este caso a la luz de un profundo compromiso nacional con el principio que establece que el debate sobre la "cosa pública"debe ser intenso, abierto y sin inhibiciones, y que bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos, y aun en algunas ocasiones ataques desagradablemente filosos contra el gobierno y sus funcionarios [citas omitidas]. La presente solicitada, como expresión de agravio y protesta acerca de uno de los asuntos públicos de mayor interés en nuestro tiempo, claramente califica para recibir protección constitucional. La cuestión es si pierde esta protección por la falsedad de algunas de sus expresiones y la supuesta injuria al señor Sullivan.
Interpretaciones muy autorizadas acerca de las garantías de la enmienda I, consistentemente han rechazado reconocer una excepción para la prueba de verdad — ya sea administrada por jueces, jurados, o funcionarios— y especialmente aquella que pone la carga de probar la verdad en el que habló o publicó la expresión injuriosa [citas omitidas]. La protección constitucional no se refiere a la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias que se ofrecen [citas omitidas]. Como dijo Madison, "algún grado de abuso es inseparable del uso correcto de las cosas; y en ningún caso es esto más cierto que en el caso de la prensa" [citas omitidas]. En "Cantwell v. Connecticut" 310 US 296, la Corte declaró:
"En el reino de la fe religiosa y en el de las creencias políticas siempre existen grandes desacuerdos. En ambos campos, las convicciones de un hombre pueden parecer el más manifiesto error a su vecino. Para persuadir a otros a aceptar su propio punto de vista, el partidario, tal como lo sabemos, algunas veces apela a la exageración, a la difamación de hombres que han sido o aún son prominentes en la Iglesia o en el Estado, e incluso recurre a la mentira. Pero la gente de esa Nación ha ordenado a la luz de la historia que, a pesar de la probabilidad de excesos y abusos, estas libertades son en el largo plazo, esenciales para aclarar la opinión y la conducta recta de los ciudadanos de una democracia".
Si ni el error de hecho, ni el contenido injuriante son suficientes para remover el escudo constitucional de la crítica a la conducta pública de un funcionario, la combinación de los dos elementos no es menos inadecuada. Ésta es la lección que debemos aprender de la gran controversia sobre la ley de sedición de 1798, 1 Stat. 596, que por primera vez cristalizó una conciencia nacional sobre el significado de la enmienda [citas omitidas]. Esta ley tipificó y penó con una multa de u$s 5000 y cinco años de prisión, "al que escribiera, imprimiera, dijera o publicara... cualquier escrito o escritos falsos, escandalosos y maliciosos contra el gobierno de los Estados Unidos, o cualquier Cámara del Congreso..., o el presidente..., con la intención de difamar..., despreciar o desprestigiar a ellos o a cualquiera de ellos, excitar en su contra, o contra cualquiera de ellos, el odio de la buena gente de los Estados Unidos". La ley permitía al acusado alegar la verdad de lo expresado en su defensa, y siempre que el jurado juzgara tanto la ley cuanto los hechos. A pesar de estos atenuantes, la ley fue fuertemente condenada como inconstitucional en un ataque al que se sumaron Jefferson y Madison. En las famosas resoluciones de Virginia del 1798, la Asamblea General de Virginia resolvió que ella "protesta enfáticamente contra las palpables y alarmantes infracciones a la Constitución existentes en las dos recientes "leyes de sedición y extranjeros" aprobadas en la última sesión del Congreso... La ley de sedición ejerce... un poder no delegado por la Constitución; por el contrario, ejerce un poder expresa y positivamente prohibido por una de sus enmiendas — un poder que, más que cualquier otro, debe producir alarma universal, ya que se levanta contra el derecho a examinar libremente los personajes y medidas públicas, y a la libre comunicación del pueblo sobre éstos, derecho que fue siempre justamente reconocido como el único guardián efectivo de todos los otros derechos" (4 Elliot"s Debates, p. 553-554).
Madison preparó el informe en apoyo de dicha protesta. Su premisa fue que la Constitución creó una forma de gobierno en la cual 'el pueblo, no el gobierno, posee la soberanía absoluta'. La estructura del gobierno dispersó el poder como reflejo de la desconfianza que el pueblo sentía por las concentraciones de poder, y por el poder mismo a todo nivel. Esta forma de gobierno era 'totalmente distinta' de la británica, en la cual la Corona era soberana y el pueblo era un súbdito. ¿No es acaso natural y necesario, bajo tan diferentes circunstancias", él preguntaba, 'que un nivel distinto de libertad en el uso de la prensa sea previsto?' íd., p. 596-570. Anteriormente, en un debate en la Cámara de representantes, Madison había dicho: 'Si estudiamos la forma republicana de gobierno, encontraremos que el poder de censurar pertenece al pueblo sobre el gobierno, y no al gobierno sobre el pueblo' [4 Annals of Congress. P. 934 (1974)]. Del ejercicio de ese poder por parte de la prensa, su informe decía: 'Probablemente en cada Estado de la Unión, la prensa ha ejercido una libertad para discutir los méritos y la capacidad de los hombres públicos, de cualquier género, que no ha sido confinada a los límites estrictos de la ley inglesa. Sobre esta base se ha erigido la libertad de prensa, sobre esta base todavía se erige'... (4 Elliot's Debates, p. 570). El derecho a la libre discusión acerca del servicio de los funcionarios públicos era entonces, según Madison, un principio fundamental de la forma estadounidense de gobierno.
A pesar de que la ley de sedición nunca fue sometida al examen de esta Corte, los que cuestionaron su validez han ganado en los tribunales de la historia. Multas impuestas a raíz de la aplicación de la ley fueron devueltas por una ley del Congreso que se fundamentaba en que la ley era inconstitucional. Ver, entre otros, ley del 4 de julio de 1840, c. 45, 6 Stat, 802, acompañada pr H.R. Red no 86, 26th Cong., Ist Sess. (1948). Calhoun, informando al Senado el 4 de febrero de 1836, presumía que la invalidez de la ley era una cuestión "de la cual nadie duda ahora". (Report with Senate Bill, no 122, 24th Cong., Ist Sess., p. 3). Jefferson, como presidente, perdonó a aquellos que habían sido convictos y sentenciados en virtud de la ley, y devolvió el importe de sus multas, declarando: "He absuelto a toda persona con juicio o castigo bajo la ley de sedición porque consideré, como sigo considerando ahora, que esa ley es nula, de una nulidad tan absoluta y palpable como si el Congreso nos hubiera ordenado prosternarnos y reverenciar una imagen de otro" (Carta a la señora Adams, 22/7/1804, 4 Jefferson"s Works, Washington ed., p. 555-556). La invalidez de la ley también ha sido presumida por ministros de esta Corte [citas omitidas]. Estas observaciones reflejan un amplio consenso en que la ley, dada la restricción que impone sobre la crítica al gobierno y a los funcionarios públicos, no era consistente con la enmienda I.
Los que un Estado no puede constitucionalmente condenar por medio de una norma penal sobre injurias, tampoco puede ser punible por una norma civil. El miedo a las indemnizaciones que se pudieron exigir en virtud de una norma como la invocada por los tribunales de Alabama en este caso, puede resultar marcadamente más inhibitorio que el miedo a la persecución penal... Supuestamente una persona acusada de cometer una injuria penalmente sancionable tiene las salvaguardas ordinarias de la ley penal, tal como el requisito de una acusación formal y la necesidad de que el Estado pruebe su caso más allá de toda duda razonable. Estas salvaguardas no existen para el demandado en una acción civil. La sentencia promovida en este caso — sin necesidad de ninguna prueba de daño pecuniario actual— fue mil veces mayor que la pena máxima prevista por la ley penal de Alabama, y cien veces mayor que la prevista en la ley de sedición. Y si bien no puede condenarse dos veces por el mismo delito, este principio no se aplica a los juicios civiles, de lo que resulta que esta sentencia no es necesariamente la única que puede dictarse contra los apelantes por la misma publicación. Si bien un periódico puede o no sobrevivir a una sucesión de tales sentencias, el miedo y la intimidación impuestos sobre aquellos que alzan su voz a la crítica pública crean una atmósfera en la cual las libertades de la enmienda I no pueden sobrevivir. Palmariamente, la ley de Alabama sobre injuria civil, "es una norma que crea dificultades a las libertades protegidas marcadamente mayores que aquellas que se tienen bajo la ley penal" [estas omitidas].
El estado de derecho no se resguarda al permitir la defensa de la verdad... Una norma que intimida a los críticos de la conducta de un oficial público requiriendo la verdad de todas las aserciones — y haciéndolo bajo castigo de juicios por injurias virtualmente ilimitados en su monto— devendrá en algo comparable a la autocensura... Pensamos que la garantía constitucional requiere una norma federal que prohíba a un funcionario público solicitar indemnización por injurias falsas relacionadas con su conducta como funcionario, a menos que pruebe que tales expresiones fueron hechas con malicia — esto es, con conocimiento de que eran falsas o con culpa grave acerca de si las mismas eran o no falsas... Sostenemos hoy que la Constitución limita el poder de un Estado para determinar los daños por injurias en acciones que se hubieren promovido por funcionarios contra los críticos de su conducta oficial. En razón de que ésta es una acción de ese tipo, la regla que requiere la prueba de malicia resulta aplicable...
Aplicando estos parámetros, consideramos que la prueba presentada a fin de probar la malicia carece de la claridad y convencimiento que la norma constitucional requiere, y por lo tanto no resulta suficiente para sostener la sentencia a favor del demandante bajo la aplicación de la regla. El caso de cada uno de los peticionantes por separado requiere poca discusión. Aun asumiendo que constitucionalmente pudieran ser encontrados como habiendo autorizado el uso de sus nombres en la publicación, no hay prueba de ningún tipo que indique que ellos estuvieron al tanto de las expresiones erróneas o que fueron negligentes en este respecto. La sentencia contra ellos carece de sustento constitucional.
En cuanto al "Times", concluimos de igual manera ya que los hechos no demuestran que se hubiere actuado con dolo... Aun si la solicitada no era "sustancialmente correcta" — a pesar de que las pruebas aportadas por los demandados tienden a probar que sí lo fue— tal opinión era cuanto menos razonable y no hay prueba para atacar la buena fe de los testigos que la sostuvieron. La falta de retractación por parte del "Times" a requerimiento del señor Sullivan, a pesar de que se retractó posteriormente a requerimiento del gobernador Patterson, tampoco es una muestra adecuada de dolo a nivel constitucional. Si bien el no retractarse puede o no constituir tal prueba, hay dos razones que nos llevan a pensar que aquí no lo es. [Primero, porque en una carta dirigida al señor Sullivan, aunque "The New York Times" admitió que el comedor nunca había sido cerrado, el diario cuestionó la posibilidad de que un error en la solicitada hubiera podido afectar al señor Sullivan. Segundo, porque "The New York Times" no rechazó la posibilidad de una retractación de forma definitiva, sino que pidió una explicación acerca de cómo el actor habría sido afectado por la solicitada.] Tampoco el retractarse en virtud del requerimiento del gobernador aportó la prueba necesaria. Es cuestionable que la falta de retractación que no es en sí prueba de dolo pueda convertirse retroactivamente en tal por una retractación subsecuente hecha a otra parte. Pero en todo caso, esto no ha ocurrido aquí ya que la explicación dada por el secretario del "Times" para distinguir entre el señor Sullivan y el gobernador resultaba razonable, y su buena fe no puede ser aquí cuestionada.
Finalmente se ha probado que el "Times" publicó el aviso sin chequear su exactitud contra los archivos de noticias del propio periódico. La mera existencia de noticias en los archivos no determina que el "Times" supera que el aviso era falso, ya que no se ha probado el tipo de conocimiento necesario para constituir malicia en cabeza de los individuos del "Times" responsables de la publicación del aviso. Con respecto a la falta de aquellas personas en controlar la veracidad del aviso, el expediente muestra que confiaron en la buena reputación de muchos de aquellos cuyos nombres habían sido colocados como firmantes de la solicitada y en una carta de A. Philip Randolph conocido como una persona responsable, que certificaba que el uso de tales nombres se hallaba autorizado. También existe testimonio de personal del "Times" que expresó que no veía nada en tal aviso que pudiera resultar inaceptable a la política del "Times" de rechazar avisos que contuvieran "ataques de carácter personal"; la falta de rechazo del aviso sobre esta base no fue irrazonable. Consideramos que la prueba contra el "Times" a lo sumo ha llegado a demostrar negligencia en descubrir los errores y es constitucionalmente insuficiente para mostrar la culpa grave requerida a fin de determinar la existencia de malicia...
También entendemos que la prueba resulta constitucionalmente defectuosa en otro aspecto, fue incapaz de apoyar la conclusión del jurado de que las expresiones supuestamente injuriosas fueron hechas "sobre y referidas a Sullivan..."
No hay referencia al señor Sullivan en la publicación ni por nombre ni por cargo. Un cierto número de las expresiones supuestamente injuriosas... ni siquiera se relacionaban con la policía... Las expresiones que Sullivan entiende como referidas a su persona eran dos expresiones que se referían a la policía o a las funciones de la policía: que "camiones de la policía... circundaron el campus de la Universidad estatal de Alabama" después de una demostración en las escalinatas de la Legislatura estatal y que el doctor King había sido "arrestado... en siete oportunidades". Estas expresiones eran falsas sólo en que si bien la policía se había desplegado cerca del campus, no lo habían circundado y no había conexión alguna con la demostración efectuada en la Legislatura; y en que el doctor King sólo había sido arrestado en cuatro oportunidades. La sentencia que estableció que las discrepancias entre lo ocurrido y lo que había sido sostenido resultaban suficientes para configurar injurias al demandante, puede sugerirnos problemas constitucionales, pero no necesitamos considerarlos aquí. Si bien las expresiones pueden tomarse como referidas a la policía, de ninguna manera, ni siquiera indirectamente, hacen referencia al señor Sullivan en forma individual. El sustento para esta referencia debe entonces surgir del testimonio de los testigos propuestos por el señor Sullivan; sin embargo, ninguno de ellos sugirió que existiera base para creer que Sullivan en sí había sido atacado por la publicación más allá del simple hecho de que estaba a cargo del Departamento de Policía y en virtud de ello debía cargar con la responsabilidad por la conducta de la policía... El uso del hecho de que el demandante ocupaba una posición oficial [para considerar que había sido injuriado] fue hecho explícito por la Corte Suprema de Alabama.
Esta proposición tiene inquietantes implicancias en cuanto a las críticas de la conducta del gobierno. Con buena razón "ninguna Corte de última instancia en este país ha sostenido jamás o siquiera sugerido que las acciones por injurias al gobierno pueden tener lugar en la jurisprudencia norteamericana"("City of Chicago v. Tribune Company", YLL 595, 601, 139 NE 86, 88). La presente proposición evitaría este obstáculo al transformar la crítica al gobierno, no importa cuán impersonal, en crítica personal, y en virtud de ello en una potencial injuria a los funcionarios del gobierno del que ellos forman parte... Sostenemos que tal proposición no puede constitucionalmente ser utilizada para determinar que lo que de otra forma sería un ataque impersonal a las operaciones de gobierno, fueron injurias al funcionario responsable por tales operaciones.
El fallo de la Corte Suprema de Alabama es revocado y el caso es remitido a esa Corte para que se continúe el proceso en forma consistente con esta opinión".
[Se omiten las opiniones concordantes de los jueces Black y Goldberg con las cuales coincidió el juez Douglas. Ambos denegaron categóricamente cualquier acción por injurias a un funcionario público en cuanto a su conducta pública. Esta protección fue caracterizada como "un derecho constitucional absoluto e incondicional... a decir lo que a uno le parezca sobre las cuestiones públicas", "una absoluta inmunidad contra la crítica en la forma en que los funcionarios desarrollan sus tareas", y "un privilegio absoluto para criticar la conducta de los funcionarios públicos".